El contraste de las edades es lo primero que estremece los expedientes de la Fiscalía. Por un lado, la juventud instrumentalizada para lo ilícito: Karen Castrillón Flórez, de apenas 22 años. Por el otro, la vejez que presuntamente usaba el poder del dinero para someter: Óscar Modesto Franco Martínez, de 70 años. En medio de ambos, la vulnerabilidad absoluta de tres menores de edad cuyas vidas, según el ente acusador, fueron convertidas en mercancía en una finca de Copacabana, Antioquia.
La historia penal de este horror comenzó a tejerse en abril de 2024. De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - Caivas, el rol de la joven de 22 años fue el de una fría intermediaria. Aprovechando la cercanía o la confianza, Castrillón Flórez habría contactado e instrumentalizado a las tres menores con una promesa; dinero.
Las labores de policía judicial lograron reconstruir la ruta del vejamen. No fue un hecho fortuito; había una logística del horror. Las víctimas eran recogidas y trasladadas desde sus entornos cotidianos hasta los límites de un predio rural, una finca que debía ser un espacio de descanso, pero que se transformó en una trampa.
Allí esperaba Franco Martínez. El informe técnico de las autoridades describe un modus operandi que anula cualquier posibilidad de defensa: el hombre de 70 años, presuntamente, les suministraba abundantes cantidades de licor. El alcohol no era para celebrar; era la herramienta para inducir el estado de indefensión. Una vez que las capacidades de las menores estaban completamente doblegadas por la embriaguez, el hombre, según la Fiscalía, procedía a consumar los abusos.
La impunidad, sin embargo, no es eterna. Los seguimientos, los testimonios y el rastreo de los peritos judiciales terminaron por cercar a la pareja. Uniformados de la Policía Nacional hicieron efectivas las órdenes de captura, sacándolos de las calles.
Llevados ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación destapó las cartas y les imputó los cargos. A Karen Castrillón Flórez se le acusó de los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución. A Óscar Modesto Franco Martínez, la justicia lo señaló por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.
Frente al estrado, ni el hombre de 70 años ni la mujer de 22 aceptaron su responsabilidad. Guardaron silencio ante los cargos, mientras la defensa de Franco Martínez apeló la decisión en segunda instancia, buscando una salida legal.
Ante la gravedad de las pruebas el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Por ahora el proceso avanza y la pareja esperará tras las rejas, mientras que en el municipio de Copacabana queda el eco de un caso que recuerda las heridas más profundas del tejido social antioqueño.
