Nueve personas señaladas de conformar presuntamente uno de los entramados de corrupción regional más audaces de los últimos años, escucharon cómo la Fiscalía General de la Nación deshilachó los hilos de su actuar.
La hipótesis de los investigadores apunta a la Asociación de Municipios del Caribe - Aremca; una entidad que, sobre el papel, nació para impulsar el desarrollo de los pueblos costeños, pero que, para la Fiscalía, habría terminado convertida en un vehículo para la apropiación aparentemente irregular de más de 496.000 millones de pesos, dinero del fondo del Sistema General de Regalías que debía ser destinado para escuelas, vías, proyectos agrícolas y seguridad alimentaria para las comunidades más vulnerables del país.
Durante seis años; desde el 2020 y hasta este 2026, la asociación habría tejido una red que rompió sus propios límites geográficos. Aunque sus estatutos le ordenaban operar exclusivamente en la región Caribe, los investigadores detectaron que los tentáculos contractuales de Aremca habrían cruzado fronteras de manera ilegal, logrando firmar 101 contratos en departamentos tan distantes como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó y los Santanderes.
El fiscal del caso fue tajante al describir la maniobra: para burlar los controles y la ley, la organización habría acudido a un "ejército de sombras". Las iniciativas de desarrollo supuestamente terminaban ejecutándose a través de órdenes de servicio internas y subcontratos entregados a firmas de papel, empresas fachadas y allegados.
La Fiscalía puso una lupa especial sobre 23 contratos específicos en los que se habría configurado un enriquecimiento ilícito en favor de contratistas particulares que ronda los 14.235 millones de pesos.
El descuido con los recursos públicos, según la imputación, también fue fiscal. El ente investigador sostiene que no se realizó la retención de cerca de 14.000 millones de pesos de la contribución de obra pública que debían ir directo al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon.
Uno a uno, el fiscal pronunció los nombres de quienes, bajo la presunción de inocencia, deberán defenderse desde una celda. Entre los afectados con la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario se encuentran:
• Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca.
• Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, representantes legales y tesorera.
• Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar, en su calidad de coordinadores.
• Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado por la Fiscalía de fungir como el enlace clave con los terceros interesados.
Para el ente acusador, estas nueve personas presuntamente se confabularon. Por ello, les imputó una baraja de delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
Al terminar las extensas audiencias, el juez consideró que los argumentos y el material probatorio presentados eran suficientes para enviarlos a la cárcel.
