La promesa era una silueta definida y la pérdida rápida de grasa. La realidad fue una pesadilla de procedimientos, dolor y cicatrices imborrables.
Detrás de las distintas jeringas no había un cirujano plástico ni un dermatólogo certificado, sino Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta de profesión que decidió cruzar la línea de la ética y la legalidad.
La Fiscalía General de la Nación informó que, con la promesa de moldear cuerpos, Muñoz inyectaba en sus pacientes supuestos "quemadores de grasa". Sin embargo, lo que entraba en el organismo de las víctimas era un cóctel de sustancias químicas que carecían por completo de registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
El presunto engaño funcionó durante un tiempo, hasta que los cuerpos de un hombre y dos mujeres comenzaron a protestar. La inflamación dio paso a la infección y, finalmente, a daños estéticos, deformidades y perturbaciones funcionales irreversibles que obligaron a las víctimas a buscar atención médica de urgencia.
La justicia tardó, pero llegó de forma contundente. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI, respaldados por la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, irrumpieron mediante una orden de registro y allanamiento en un local del barrio La América. Allí, donde la mujer presuntamente seguía realizando procedimientos invasivos sin ningún tipo de permiso, le pusieron las esposas.
A pesar de que Muñoz Muñoz no aceptó ante el juez los cargos imputados por el ente acusador, la contundencia de las pruebas médicas e investigativas inclinó la balanza.
Hoy, la fisioterapeuta dejó de vestir bata clínica luego de que se le dictara medida de aseguramiento en centro carcelario, señalada de los delitos de lesiones personales dolosas y la fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.
Toda esta trama de vanidad, falsas promesas y dolor tuvo su origen en la clandestinidad de un establecimiento comercial que operaba al interior de un inmueble del barrio Belén, en la capital antioqueña, donde se ejecutaron los procedimientos ilícitos entre julio y agosto de 2024.
