Una investigación penal se desencadenó tras acumularse 13 denuncias de uniformados de la Policía Nacional que cayeron en una sofisticada red de préstamos fraudulentos. De acuerdo con el expediente, el subintendente de esa institución Yeison Andrés Mosquera Moreno ofrecía a sus compañeros créditos por sumas modestas, exigiéndoles como respaldo la firma de letras de cambio en blanco.
Una vez que los deudores saldaban sus compromisos, los títulos valores no les eran devueltos, sino que, por el contrario, eran diligenciados con montos muy superiores a los pactados inicialmente. Luego, estos documentos en los que una mujer identificada como Luz Miryam Marulanda Moreno aparentemente figuraba como acreedora inicial, se endosaban a una cooperativa fantasma para iniciar demandas ejecutivas. Esta maniobra indujo al error a los jueces de la República, logrando fallos que ordenaban el embargo de hasta el 25 % del salario de los policías estafados.
A través de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia para el subintendente Mosquera Moreno.
Entretanto, el ente acusador imputó a Marulanda Moreno por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Esta operación delictiva que afectó el patrimonio de los uniformados y engañó a la administración de justicia, tuvo como epicentro el municipio de Cértegui, en el departamento del Chocó, lugar donde, según la Fiscalía, los implicados estructuraron y ejecutaron el mecanismo defraudador aprovechando la cercanía y la confianza dentro de la unidad policial de la zona.
