Cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez, fueron puestos en evidencia por la Fiscalía General de la Nación como presuntos articuladores dentro de un esquema de extorsión carcelaria.
En total fueron 17 personas vinculadas al caso, a quienes el ente acusador les imputó el delito de extorsión.
El modus operandi de esta estructura delictiva, según la Fiscalía, se basaba en una división clara de funciones. Desde el exterior, algunos integrantes recopilaban información detallada de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares, para luego hacérsela llegar a los internos.
Con agenda en mano, los reclusos se comunicaban vía telefónica simulando pertenecer a estructuras armadas organizadas para exigir dinero mediante giros y consignaciones bajo amenazas de muerte y daños al patrimonio. Para que esto fuera posible, los dragoneantes involucrados habrían omitido deliberadamente sus labores de custodia, permitiendo el ingreso ilegal de teléfonos celulares y otros elementos indispensables para la operación criminal.
La actividad delictiva se orquestaba desde el interior del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá, desde donde se coordinaban las llamadas hacia ciudadanos de diversos puntos del territorio nacional.
Las capturas de los implicados se materializaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, el cual se llevó a cabo en Bogotá, así como en varios municipios distribuidos en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Según las investigaciones y los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador, los hechos delictivos cometidos por esta red tuvieron lugar de manera continua entre enero y diciembre de 2025.
Los involucrados no aceptaron los cargos y, por decisión del juez de control de garantías, el dragoneante Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás procesados continuarán vinculados a la investigación.
