Le dieron 27 años de cárcel por cometer 28 crímenes

11 de October, 2026

Le dieron 27 años de cárcel por cometer 28 crímenes

Alias Capi Ortiz, cuyo nombre real es Alexander Herrera Ramírez, recibió una condena de 27 años y 8 meses de prisión, además de una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos, por su responsabilidad directa en una estela de homicidios selectivos y ataques armados que sembraron el terror en los Llanos Orientales.


Herrera Ramírez asumió el mando del grupo armado ilegal autodenominado "Libertadores del Vichada", organización desde la cual coordinó y ejecutó múltiples sicariatos. Su objetivo era doble: disputar a sangre y fuego el control del tráfico de estupefacientes frente a estructuras rivales, e intimidar implacablemente a las comunidades locales que se oponían a su dominio criminal.


En total, la Fiscalía documentó su participación directa en 28 eventos delictivos. Entre los episodios más graves figura el operativo adelantado el 10 de febrero de 2016, cuando unidades policiales intentaron capturarlo en Mosquera (Cundinamarca). En su intento desesperado por huir, los criminales abrieron fuego desde un vehículo en movimiento, dejando a un uniformado herido de gravedad y a otro arrollado por el automotor. Por estas acciones, su condena integró los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.


El rastro de violencia y sangre dejado por alias Capi Ortiz abarcó un periodo crítico. Sus crímenes y atentados se perpetraron de manera sistemática entre junio de 2014 y febrero de 2016.


Su aparato sicarial y armado operó principalmente en el departamento del Meta, focalizando sus crímenes en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio. A esta ruta del terror se sumó el municipio de Mosquera (Cundinamarca), donde protagonizó el violento ataque armado contra la fuerza pública antes de su captura.


La caída judicial de este cabecilla se dio sobre un preacuerdo avalado por un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio, tras una investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación.