La muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida después de su detención en una estación de Policía, llevó a la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros señalados de presuntas agresiones y de no brindarle atención médica oportuna cuando manifestaba graves quebrantos de salud.
La investigación de la Fiscalía apunta a que el hombre, de 34 años, habría sido golpeado y sometido a descargas eléctricas durante el procedimiento de captura y su posterior permanencia en las instalaciones policiales. Los investigadores también examinan la presunta omisión de auxilio, pese a que el detenido habría advertido que tenía dificultades para respirar y fuertes dolores en el pecho.
Los hechos comenzaron el 20 de septiembre, cuando Balanta Paz fue retenido en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá, en medio de una intervención policial por una disputa entre vecinos. Según el material probatorio, inicialmente fue señalado de lanzar un objeto contundente contra uniformados. La situación habría derivado en golpes con puños y patadas, además del uso de un dispositivo eléctrico tipo táser.
Posteriormente fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, las agresiones habrían continuado. Pese a los reiterados pedidos de ayuda, no habría recibido asistencia médica inmediata. Cerca de 20 minutos después de perder el conocimiento fue llevado a un centro hospitalario, donde falleció esa misma noche.
El dictamen de Medicina Legal estableció que la muerte se produjo por una arritmia cardíaca asociada a las descargas eléctricas. También encontró quemaduras y otras lesiones en su cuerpo.
La Fiscalía señala que el mayor, quien comandaba la estación, habría omitido activar los protocolos médicos y detener las presuntas agresiones, pese a conocer el deterioro físico del detenido.
Los cuatro uniformados quedaron a disposición de la justicia y serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará, según el grado de participación que establezca para cada uno, los delitos de homicidio y tortura agravados.
Las capturas fueron ejecutadas por investigadores del CTI, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, mediante diligencias simultáneas en Soacha, Cundinamarca, y Barbosa, Santander. La investigación está a cargo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.
