Falsos policías habrían exigido más de $250 millones a comerciantes

23 de October, 2026

Falsos policías habrían exigido más de $250 millones a comerciantes

Una camioneta retenida como garantía, transferencias bancarias y joyas por millones de pesos hacen parte de las evidencias de un caso en el que dos comerciantes habrían sido víctimas de un engaño ejecutado por hombres que se hicieron pasar por integrantes de la Policía. Por estos hechos, Jorge Iván Suaza Tabares, de 46 años, fue enviado a prisión.


Según la investigación, las víctimas fueron interceptadas por tres hombres armados que vestían chalecos antibalas. Bajo el argumento de que debían trasladarlos a una sede de la Fiscalía, los obligaron a abordar un vehículo particular y posteriormente las intimidaron con una supuesta investigación penal en su contra.


Para dar credibilidad a la amenaza, los presuntos responsables realizaron una llamada telefónica en altavoz a una mujer presentada como fiscal. Después exigieron $280 millones para supuestamente evitar la judicialización de los comerciantes y eliminar información que, según afirmaban, figuraba en el sistema de la Fiscalía.


Durante las aproximadamente tres horas de retención, las víctimas habrían entregado $11 millones mediante transferencias y joyas avaluadas en $50 millones. Antes de dejarlos en libertad, los señalados se llevaron una camioneta y la utilizaron presuntamente como mecanismo de presión para obtener el dinero restante.


Las pesquisas también apuntan a que uno de los automotores de los comerciantes habría sido equipado con un dispositivo GPS para monitorear sus desplazamientos.


La captura de Suaza Tabares se produjo cuatro días después de los hechos, cuando, según las autoridades, se disponía a recibir dinero en un centro comercial. Una de las víctimas lo identificó como uno de los presuntos implicados y los uniformados encontraron en su poder los controles de la camioneta.


La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada. El investigado no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.


El caso es investigado por las autoridades tras los hechos ocurridos en el barrio Robledo Pilarica, en Medellín.