Los subtenientes Iván Leonardo Góngora y Edinson Javier García Mercado, así como también los patrulleros Jesús Albeiro Bohórquez Arévalo, Óscar Andrés Torres Mosos y Carlos Alberto Novoa Morales, según la Fiscalía General de la Nación hacían parte de una red señalada de alterar la información de incautaciones de estupefacientes y posteriormente apropiarse de la droga para venderla a grupos de narcotraficantes.
De acuerdo con el ente acusador, de dicha red también hacían parte los particulares Eduardo Barrera Jiménez y Luis David Ustariz Hernández.
Los investigadores encontraron que la labor de los uniformados sería la de modificar los informes de las incautaciones, alterar las cifras reales y reportar menores cantidades para luego disponer de vehículos oficiales y desviar los narcóticos.
Acto seguido los policiales presuntamente entregaban los estupefacientes a terceros para que estos lo almacenaran en inmuebles y así finalmente coordinar su envío a países de Centroamérica y Estados Unidos.
En el curso del proceso se materializaron varios procedimientos en Maicao y Riohacha (La Guajira), en los que se incautaron 98 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 700 kilogramos de marihuana, un arma de fuego y dispositivos electrónicos.
Las diligencias realizadas en un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitieron en la ciudad de Riohacha (La Guajira) dar con la captura de las siete personas implicadas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y concierto para delinquir agravado.
Por estos cargos un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
