Graves actos de corrupción salpicaron a un teniente y once patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá.
De acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación, los servidores públicos son señalados de realizar capturas ilegales para recibir beneficios y mejorar las estadísticas de la zona en la que se encontraban asignados.
Como si fuera poco, el ente acusador señaló que los involucrados le exigían dinero a los capturados en flagrancia por delitos como hurto y venta de estupefacientes al menudeo, esto con el ánimo de no ponerlos a disposición de la Fiscalía y así evitar procesos jurídicos.
La evidencia que tienen los investigadores son las denuncias puestas por la comunidad de la localidad de Puente Aranda, así como las pruebas recaudadas por miembros de la Fiscalía, lo que arroja como resultado por lo menos 26 hechos delictivos cometidos por los uniformados.
Al parecer, otras de las acciones ilícitas de los policiales eran las detenciones arbitrarias y sin sustento que realizaban con la intención de aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales.
Además, también habrían permitido el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y concertado con redes delincuenciales para permitir el robo de cable y comercializar el cobre.
Según la Fiscalía, para darle apariencia de legalidad a sus actos habrían alterado informes judiciales, con lo que lograban que las irregularidades no fueran detectadas por sus superiores.
De igual forma, las autoridades identificaron cuentas bancarias ocultas en las que se movieron cifras superiores a los 200 millones de pesos.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo - EDA de la Seccional Bogotá presentó a los doce policías ante una juez de control de garantías y los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Nueve de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y los tres restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.
