Wilmer Narciso Hernández, William y Jairo Ceballos Mampuezan, Iván y Juan Gabriel Melo Vásquez, Iván Danilo Peña Cerón y Jhon Jairo Romero Zamora; así como también los integrantes de la Policía Nacional Iván Darío Guapucal Jurado, Roberth Chamorro Quistanchala, Jeffer Palacios, Jhon Castro Vallecilla y Horacio Gerlando Guachavez, son señalados por la Fiscalía General de la Nación de conformar una presunta organización ilegal denominada ´Los Mata Siete´ dedicada al cobro de dinero a migrantes de diferentes nacionalidades para supuestamente legalizar su tránsito por Colombia o permitirles su permanencia en el país.
De acuerdo con los investigadores, estas personas se habrían confabulado para ubicar extranjeros que cruzaban el Puente Internacional de Rumichaca, en zona fronteriza con Ecuador, o que llegaban al aeropuerto de la ciudad de Pasto y les ofrecían servicio de transporte.
Durante el desplazamiento el vehículo en el que se movilizaban los migrantes era interceptado por funcionarios de la Policía Nacional, quienes solicitaban una revisión de documentos.
En medio del procedimiento los policiales les exigían dinero a los viajeros por sellarles pasaportes y darles tarjetas andinas de migración, lo que supuestamente les permitiría avanzar sin contratiempos hacia sus destinos en Centroamérica o Estados Unidos.
En otros casos los migrantes alcanzaban a llegar a puntos específicos en el municipio de Ipiales – Nariño. Allí eran abordados por falsos integrantes de la Policía y de Migración Colombia que también les planteaban la posibilidad de acceder a sellos y permisos con los que supuestamente podían desplazarse sin problemas por el territorio nacional.
Los investigadores lograron establecer que, en medio de intimidaciones y amenazas de deportaciones, la organización ilegal le pedía a cada migrante entre 100 y 1.500 dólares por autorizaciones de tránsito y sellos que resultaban ser falsos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los involucrados de acuerdo con su posible participación, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, simulación de investidura o cargo, uso de sello oficialmente regulado, fraude procesal y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a siete de los presuntos implicados, entre ellos tres uniformados, mientras que las otras cinco personas continuarán vinculadas a la investigación.
