Ana Lucía López Sánchez y las personas de nacionalidad venezolana Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa, son señalados por la Fiscalía General de la Nación de conformar una red de explotación infantil dedicada a instrumentalizar a niños y niñas indígenas para ejercer prácticas de mendicidad en parques y otros lugares públicos de Medellín.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los menores de edad de la etnia Embera Katío y que no superaban los cinco años, eran usados para abordar a turistas nacionales y extranjeros, y pedirles elementos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales.
Cuando tenían los artículos, eran revendidos en droguerías y otros establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado.
Con este modus operandi la red recaudaba hasta 180 millones de pesos mensuales por la comercialización de los productos y el dinero en efectivo que recibían los niños indígenas.
Las autoridades estiman que los pequeños instrumentalizados habrían participado en más de 900 hechos ocurridos durante los últimos dos años.
Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, durante el transcurso de la investigación se logró el restablecimiento de derechos de los menores.
De igual forma, fueron cerradas y selladas tres farmacias que estarían involucradas en el entramado de explotación infantil.
En total fueron ocho personas detenidas e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados.
Un juez de control de garantías dispuso para los ciudadanos extranjeros medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que López Sánchez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
