El fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a los patrulleros de la Sijin de la Policía Nacional Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, son acusados por la Fiscalía General de la Nación de haber decomisado irregularmente una mercancía importada para luego exigir dinero por su devolución.
Información suministrada por el ente acusador da cuenta que los funcionarios se habrían aprovechado de sus cargos, para inmovilizar un tractocamión que salió de la zona portuaria del país con destino a la ciudad de Medellín.
El vehículo en el que eran transportados 15 motores traídos del exterior fue interceptado el 24 de enero de 2026 en inmediaciones de Bosconia en el departamento del Cesar y trasladado a un parqueadero.
Un día después el fiscal 19 seccional de Santa Marta, Montes Dávila, según los investigadores, habría emitido un oficio en el que ordenó poner a disposición de su despacho el automotor y la carga, justificando un supuesto caso de narcotráfico y contrabando.
A partir de ese momento se originó una reunión entre el fiscal señalado, los dos policías de la Metropolitana de Santa Marta y el propietario de la mercancía, en la que los funcionarios públicos presuntamente pidieron 300 millones de pesos a cambio de la devolución de los motores.
Como la exigencia no avanzaba, el fiscal bajó el monto a 100 millones de pesos y 20 millones para cada uno de los patrulleros señalados con tal de destrabar la negociación.
La Fiscalía también informó que su funcionario investigado asumió un caso que no era de su competencia, y que para dar apariencia de legalidad a su actuar incluyó todas las actuaciones a un proceso abierto por otros hechos distintos.
Por este caso una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los involucrados el delito de concusión.
Asimismo, al funcionario judicial le fue formulado el cargo de prevaricato por omisión agravado.
